La tubería que conduce el petróleo hacia el Campo Drago, operado por la empresa petrolera estatal Petroecuador, sufrió 5 derrames entre el 10 de abril y el 17 de mayo de 2012, provocando la contaminación de esteros y ríos que son utilizados por las familias de la precooperativa Nueva Esmeraldas, localizada en la parroquia 7 de Julio, del cantón Shushufindi, en la provincia oriental de Sucumbíos.
«La tubería fue instalada hace unos 9 meses, por lo que se descarta que la causa de los derrames se deba a una tubería obsoleta. Todo apunta a la forma en que trabajó la empresa Sertecpet, contratada por Petroecuador para realizar el tendido de tubos», manifiesta Alexandra Almeida de Acción Ecológica, responsable de preparar el informe sobre los daños ambientales y sociales ocasionados por los derrames.
En el documento técnico, presentado en Shushufindi ante el Juez Ernesto Serrano para fundamentar la Acción de Protección que demandan las familias afectadas por la contaminación, se señala que el primer derrame sucedió el martes 10 de abril en el km 11 de la vía Shushufindi-Jivino Verde. El segundo derrame tuvo lugar el 23 de abril a 50 metros del anterior. El tercero fue detectado siete días después a 250 metros de los anteriores. El cuarto derrame se dio al amanecer del día 6 de mayo en el mismo sector. Y el quinto ocurrió en el centro del poblado, a 50 metros del primer derrame.
Para el técnico petrolero Fernando Villavicencio, estos hechos son el resultado de la modalidad de contratación que utiliza Petroecuador, la misma que está «basada en la amistad y acuerdos políticos, o en las preferencias de los funcionarios de la empresa pública». Sertecpet, empresa presidida por Eduardo López, ministro de energía durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, puede ser el ejemplo que ilustra a las claras las consecuencias de estas irregularidades.
“Estamos ante un delito flagrante que debe ser sancionado por la Fiscalía con base en las normas ambientales vigentes y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución; y Petroecuador debe ser examinada por la Contraloría en el caso de la contratación a esta empresa”, sentencia Villavicencio.
Durante la audiencia de la Acción de Protección realizada el 14 de mayo, el delegado del Ministerio del Ambiente indicó que los informes técnicos de la empresa indican como causal de los derrames la corrosión interna de la tubería, lo que constituiría una prueba fehaciente de que Sertecpet instaló tubería usada.
Por su parte, el abogado de EP Petroecuador sostuvo en la misma audiencia que los cinco derrames en el Campo Drago fueron “hechos fortuitos” y, por lo tanto, la empresa no tiene ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido.
Unos días antes, el 27 de abril, durante el diálogo del Presidente de la República, Rafael Correa, con la prensa en Cascales, poblado ubicado a unas 3 horas de Shushufindi, el Ministro de Recursos Naturales No-Renovables, Wilson Pástor, dijo que los derrames ocurridos hasta esa fecha (dos ) eran actos de sabotaje, al tiempo que aseguró que los derrames en el país se redujeron de 123 en 2008, a 3 ó 4 por año. En su momento, el presidente Correa acotó que «es imposible tener explotación petrolera sin derrames…..»
Complicidades oficiales aparte, las familias afectadas por los cinco derrames sucesivos están a la expectativa de que se les restituyan sus derechos y se restaure la salud del hábitat donde moran. Para la ecologista, “el juez tiene la oportunidad histórica de dictaminar en favor de que la población ejerza plenamente el derecho a la reparación integral de su ambiente natural, derecho establecido en el artículo 78 de la actual Constitución, y no una simple remediación, lo que las empresas están muy acostumbradas a hacer.”
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